Bolivia enfrenta una escalada crítica de la crisis social y política. Los bloqueos persisten, generando una emergencia humanitaria con 23 muertes y alertas internacionales, además de un colapso económico en sectores clave y escasez de combustibles. El diálogo entre Gobierno y COB se encuentra en un punto muerto por la situación de los detenidos, sin vislumbrar una solución inmediata. La autoridad estatal es desafiada en regiones estratégicas, y la situación agrava una economía ya en recesión con creciente deuda externa. La inacción o falta de consenso amenaza con profundizar la inestabilidad.
Datos insuficientes para determinar polaridad.
Sin vectores claros de escalada detectados.
La COB, a través de Argollo, impulsa la agenda sobre los detenidos, condicionando la continuidad del diálogo a su liberación. El Gobierno está en una posición reactiva, proponiendo comisiones y revisiones legales, pero rechazando una amnistía general. La COB mantiene la ventaja al sostener los bloqueos y el 'cuarto intermedio' como medidas de presión.
El principal factor de escalada en las próximas 48 horas es el resultado de la evaluación de la comisión jurídica sobre la situación de los detenidos. Si la COB considera que las soluciones propuestas por el Gobierno son insuficientes o no cumplen con su demanda de liberación, es muy probable que intensifique los bloqueos y otras medidas de presión, agravando el conflicto. La COB y sus bases son los actores con mayor potencial para amplificar la situación.
El Gobierno impulsa la agenda al denunciar el hecho, posicionándose como la autoridad que condena la violencia y busca responsables. El Gobierno tiene la ventaja al ser el denunciante oficial.
La respuesta del "grupo de personas" denunciado o la intensificación de las acciones por parte de estos grupos.
La COB impulsa la agenda al exigir la presencia del Fiscal General como garante y la no persecución penal, lo que le otorga una ventaja significativa en el diálogo. El Gobierno cede a estas condiciones. Existe una narrativa secundaria de oposición (Alarcón) que cuestiona el rol del Fiscal y exige investigar los bloqueos, intentando contrarrestar la ventaja de la COB.
La COB y sus bases (Tupac Katari) pueden amplificar el conflicto si sus demandas de no procesamiento penal no son satisfechas, lo que llevaría a la continuación o intensificación de los bloqueos (actualmente 45). La oposición política (Alarcón) puede agravar el tema al presionar por la investigación de los bloqueos, lo que podría judicializar el conflicto y frustrar el diálogo.
Túpac Katari impulsa la agenda al ratificar bloqueos y condicionar el diálogo, manteniendo la ventaja al dictar los términos y la presión. El Gobierno es el actor reactivo.
Túpac Katari y sus bases pueden escalar la situación radicalizando protestas o manteniendo bloqueos si sus condiciones o ultimátums no son satisfechos. La falta de consenso interno en Túpac Katari y la inacción del Gobierno son factores clave. La Paz es la región de riesgo.
ASOSUR impulsa la narrativa de escasez y el incumplimiento de YPFB, teniendo la ventaja al denunciar el problema. YPFB está a la defensiva.
El incumplimiento de YPFB y las advertencias de ASOSUR pueden agravar la percepción de escasez y generar más filas, aumentando la presión sobre YPFB y la población.